Decimos: No a la baja!
En Octubre, junto con las elecciones nacionales se vota también la reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad impulsada por Bordaberry y Lacalle Pou. El referéndum constituye una “solución” que implica más violencia y represión hacia la juventud más castigada por el capitalismo.
La política de la derecha
Las medidas que se impulsan son: 1) Aplicar el código penal adulto a partir de los 16 años; 2) Creación de un instituto de reclusión y rehabilitación especializado en menores de 18 años; 3) Mantener los antecedentes de los menores de 16 años una vez que estos alcanzan la mayoría de edad; 4) Responsabilizar a los adultos que utilicen menores de edad para cometer delitos.
La aplicación del código penal adulto a los menores viola la Convención de los Derechos del Niño. Se ha argumentado, además, que los adolescentes son imputables desde los 13 años bajo el Código Penal Adolescente. Por otra parte, el resto de las medidas han sido contempladas por iniciativas del propio gobierno del Frente Amplio. Así, la creación del SIRPA (Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente), aprobado en el parlamento en 2011 y puesto en funcionamiento a principios de 2012, responde al ítem 2. En 2011 modificaron las disposiciones que permiten mantener los antecedentes de los menores de 16 años (aunque el referéndum propone mantenerlos de forma indeterminada). Finalmente, el art. 59 del capítulo II del Código Penal, ya contempla responsabilizar a los adultos que utilicen menores para cometer delitos.
“Ya estamos por debajo de la baja”
De modo que muchas de las soluciones violentas y represivas impulsadas por la derecha, han sido tomadas por el gobierno configurando un “consenso conservador” adoptado por los partidos del régimen. Bonomi ha sido claro al respecto cuando afirmó que el FA “ no ha sabido decir que el menor ya es responsable desde los 13. A la baja de la edad de imputabilidad a los 16 no hay que decirle no, porque ya estamos por debajo de la baja” (La Diaria, 17/04).
La orientación de criminalizar la pobreza y a las jóvenes se inscribe en un conjunto de políticas represivas de gobierno como son el Proyecto de Internación Compulsiva, la Ley de faltas, las modificaciones propuestas al código penal adolescente que duplican las penas a los menores o la política de razzias en los barrios más pauperizados desarrolladas por el Ministerio del Interior. Esta es la alternativa 'progresista' que se propone continuar Tabaré Vázquez.
La conclusión evidente es que la campaña de No a la Baja debe realizarse con independencia política, denunciando a la derecha y al gobierno.
Conquistemos nuestro futuro
La cuestión de la “seguridad” y la consecuente política de represión pretende ocultar la responsabilidad del Estado en cuanto a las condiciones materiales en la que vive en la actualidad gran parte de la juventud uruguaya: La precarización laboral, las tercerizaciones, el trabajo en negro, los bajos salarios (800.000 trabajadores ganan menos de $14000 y la mitad de ellos son jóvenes) y la postergación de las necesidades de educación, salud o vivienda. Esta política sirve, entonces, para victimizar a los jóvenes precarizados y para justificar el ‘gatillo’ fácil -como como ocurrió con Sergio Lemos en Santa Catalina.
Desde La Clase luchamos por la eliminación de todas las leyes que apuntan a la criminalización de la juventud y de la pobreza. Pero no sólo esto. Se trata de modificar de raíz las condiciones sociales en las que viven miles de jóvenes y adultos en nuestro país; terminar con la flexibilización y precarización laboral, con el trabajo en negro y los salarios de miseria. Para acabar con la 'inseguridad ciudadana' es necesario poner fin a esta miseria social que causa el capitalismo y reemplazar el aparato de represión del Estado, que está al servicio de los explotadores, por organizaciones de los trabajadores mismos. Luchamos para que la juventud se organice y conquiste su futuro.