Manifiesto Político de La Clase. Elecciones 2014.

02.10.2014 16:59

Manifiesto Político de La Clase

Elecciones 2014

Por la Organización Socialista de la Juventud

Las elecciones de Octubre tienen lugar en el marco del preludio de una crisis de conjunto. En el plano económico se expresa una reversión de las condiciones que dieron base a ciclo de expansión económica, dando lugar al estallido de las contradicciones que se han ido acumulando durante una década: un incremento insostenible del endeudamiento público y privado, una creciente inflación, una persistente caída de los precios internacionales de las materias primas que, junto a la salida masiva de capitales de los países llamados “emergentes”, refuerzan la perspectiva de una devaluación del peso, como ya lo viene haciendo Argentina y Venezuela. Este viraje es acompañado por una política económica que busca que las consecuencias sean pagadas, una vez más, por los trabajadores.

 

El crecimiento económico en estos nueve años de gobierno frenteamplista estuvo basado en el ingreso masivo de capital financiero, en la apertura a la ‘inversión extranjera’ en materias primas para la exportación (principalmente la soja y la celulosa). Fabulosas ganancias embolsaron las empresas monopólicas internacionales, que fueron beneficiadas con exoneraciones fiscales y con bajísimos salarios. Una década de expansión de la economía ha dado como resultado un país más dependiente y vulnerable a los giros del mercado mundial. La ausencia de un proceso de industrialización y desarrollo nacional es la contracara de este hecho inocultable.

 

En el marco de este giro de las condiciones económicas, la clase capitalista reclama ir más allá en la entrega: buscan ampliar la firma de tratados de libre comercio con distintos bloques imperialistas (principalmente EEUU), la ampliación de los beneficios impositivos, el impulso decidido de los mega-emprendimientos (como la tercera pastera) y el fin de las regulaciones del Estado en materia laboral. Fundamentalmente, reclaman un drástico ajuste salarial. Los trabajadores protestan contra una carestía cada vez mayor, salarios y jubilaciones de hambre; contra los impuestos directos e indirectos a los ingresos del trabajo y contra la precarización laboral, el aumento de la desocupación, el déficit y carestía de las viviendas y el derrumbe de la atención de la salud y la educación. Asistimos a la antesala de un descontento general de todas las clases sociales.

 

Un amplio sector de la clase capitalista apuesta a que la continuidad del personal político gobernante, en sus distintas variantes -Vázquez o Lacalle Pou-, les garantice la capacidad de imponer sus reclamos. Nos adentramos a un período en donde ‘los de abajo’ comienzan a soportar cada vez menos las condiciones a las que los condena el régimen político vigente, mientras que ‘los de arriba’ no podrán continuar gobernando como lo venían haciendo. Se abre una nueva etapa, donde el enfrentamiento entre la clase capitalista y los trabajadores definirá quién pagará los costos de la nueva crisis. Ésta es la esencia de una crisis de conjunto.

 

En el plano político, al interior del partido gobernante se expresan distintas variantes de un planteo que, en el fondo, contienen la misma esencia: la defensa de la organización social vigente y la ausencia de una política de transformación social profunda. Tabaré Vázquez junto con Astori, como ministro de Economía, es el candidato ideal de los grandes capitales -tal como lo han expresado las cámaras empresariales (El País, 20-08). Apoyado por los partidos más importantes del FA: PCU, PS, MPP, FLS-, ha demostrado ser un defensor a ultranza de la política clerical, de las alianzas con el imperialismo norteamericano y su defensa a la ‘mano dura’ con el movimiento sindical. Los agrupamientos entorno de Constanza Moreira cumplen la única función de evitar la fuga de votos (y militantes) por izquierda, pero que sin embargo no constituye una oposición dentro del propio FA (votó las leyes fundamentales junto con el resto del FA: envío de tropas a Haití, las leyes de presupuesto, entre otras). Para una creciente masa de militantes de izquierda ha quedado de manifiesto la caducidad del Frente Amplio como vía para la transformación social.

 

En este cuadro, el gobierno de Mujica ha aprobado una serie de leyes (ley de marihuana, ley matrimonio homosexual, ley de aborto) que no cuestionan –en algunos casos lo impulsa como la marihuana- la ganancia capitalista, pero que son vistas como un impulso a las libertades democráticas. Como revés a la aparente ampliación de libertades, se aprobó el código de faltas (que otorga mayores potestades a la policía), el aumento de las políticas represivas (razzias) contra la juventud y los trabajadores de los barrios, la utilización reiterada de los ‘servicios esenciales’ y la creación del Decreto contra la ocupación de los edificios públicos, todos ellos para quebrar las huelgas de diversos sindicatos (ADEOM, Salud Pública, gremios de la educación). El remate a esta orientación es el proyecto de ley enviado por el gobierno -aún sin aprobar- que aumenta las penas de los menores de edad, el cual se opone por el vértice al planteo de “No a la baja” de la edad de imputabilidad.

 

La crisis que se incuba pone de manifiesto la incapacidad de la clase capitalista y sus representantes políticos para brindar una salida de conjunto, desenvolviendo las fuerzas productivas sociales. Ninguno de los partidos del régimen político puede ofrecer soluciones profundas a los problemas de las masas trabajadoras. De otro lado, lenta y dificultosamente, va desarrollándose un movimiento popular con independencia de clase.

 

Este desarrollo adquiere características continentales y se expresa, en primer lugar, en Argentina con el crecimiento de la izquierda combativa y el Frente de Izquierda y los Trabajadores que en las últimas elecciones obtuvo un millón y medio de votos. El “ascenso de la izquierda” tiene su base en un poderoso movimiento “por abajo” en sindicatos, liceos, universidades y en el campo popular. Esta experiencia abre la posibilidad de que los trabajadores encuentren una expresión política adecuada a sus intereses para enfrentar la crisis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para desenvolver esta perspectiva en Uruguay, desde La Clase llamamos a la juventud y los trabajadores a apoyar al Partido de los Trabajadores en las elecciones de Octubre, con conciencia de que el movimiento popular requiere de una salida política de conjunto para enfrentar los ataques de la clase capitalista, el Estado y sus representantes políticos. El PT levanta un programa obrero frente a la crisis: un salario igual al costo de la canasta familiar, la eliminación de la tercerizaciones y el trabajo precario, la prohibición de los despidos y el reparto de las horas de trabajo; la estatización bajo control obrero toda empresa que cierre o despida; la duplicación del presupuesto educativo y contra todas las privatizaciones; el no pago de la deuda y la nacionalización de la tierra y los recursos naturales; y la defensa de las libertades democráticas (derecho al aborto y matrimonio igualitario).

 

Para luchar en esta perspectiva, los jóvenes debemos organizarnos, construir nuestras herramientas políticas para conquistar nuestro futuro, desarrollando un combate de contenido consciente, socialista, para reorganizar la sociedad sobre nuevas bases sociales. Este es el objetivo estratégico de La Clase: desarrollar la organización socialista de la juventud a partir de su propia experiencia de lucha. Somos parte del movimiento general de los jóvenes que involucran a quienes estudian, trabajan, así como a los desocupados. Buscamos arribar, con todos ellos, a conclusiones y objetivos socialistas.

 

1. La agonía del capitalismo

 

Asistimos a la mayor bancarrota capitalista de alcance mundial desde la gran depresión de los años 30, que condujo a la masacre de la segunda guerra mundial. Es la fase más alta, hasta el momento, de una cadena de crisis y bancarrotas que se desarrolla desde finales de los ’60. Augura episodios aún más catastróficos, como lo evidencia el crecimiento sin precedentes de la desocupación y la incesante ola de desalojos y quiebras bancarias e industriales, el derrumbe del comercio mundial y, por último, la quiebra financiera de los tesoros estatales.

La clase obrera, y en especial la juventud, han recibido los golpes más duros de la crisis, por los despidos, el reforzamiento del trabajo precario y la descalificación laboral, el encarecimiento de los estudios y el aumento de la deserción, y por último y aún más grave, por el incremento de la drogadicción, que destruye física y moralmente a la juventud y a la niñez de clase trabajadora.

La desocupación y la subocupación han alcanzado porcentajes que parangonan la crisis en curso con las peores del pasado: 18 por ciento, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea 23 millones de trabajadores; más del 20 por ciento en España; en Uruguay del total de desempleados el 20 por ciento son jóvenes y más del 30 por ciento trabaja en negro.

 

El salvataje de los grandes capitales por los fiscos y bancos centrales deja planteada la perspectiva política más eminente, como es la quiebra de los estados y la devaluación en gran escala de las principales monedas.

A veinte años de la derrota del ‘comunismo’ (expresión falaz para encubrir al anticomunismo stalinista), queda al desnudo la cuestión histórica central de nuestra época: el agotamiento y la bancarrota del capitalismo. Pues mientras el ‘comunismo’ fracasó porque no pudo desarrollar sus propias premisas, o sea adquirir un carácter mundial y la posibilidad de desenvolverse en las naciones más desarrolladas, el capitalismo se hunde como consecuencia de sus propios fundamentos: la explotación social, el beneficio privado, las rivalidades nacionales, la anarquía de la producción. ¡Su epicentro se encuentra en la nación que es su paradigma histórico! Cuando la llamada globalización, es decir, el dominio mundial del capital parecía llegar a su cenit, estallaron todas sus contradicciones, que no son otras que las del capital mismo.

Ahora los Estados se empeñan en descargar la crisis sobre los trabajadores y las naciones más débiles. La presión mayor se ejerce sobre las naciones que se embarcaron hace dos o tres décadas en un proceso de restauración capitalista, aun inconclusa, bajo la batuta de la misma nomenklatura ‘comunista’. Así, no han podido evitar la bancarrota capitalista e incluso la han acentuado.

La gran victoria contra el ‘comunismo’ aparece cuestionada, pues las convulsiones de la presente crisis pondrán en entredicho todas las privatizaciones y las enajenaciones del patrimonio nacional, y replantearán la agenda de la revolución social.

Las salidas capitalistas representan más miseria, más desocupación y más guerras. Señalamos que es necesario desarrollar una salida anticapitalista, que termine con este régimen social y abra un rumbo para la construcción de una alternativa socialista. La envergadura de la bancarrota capitalista demuestra que las premisas materiales para esa transformación están maduras.

 

2. Nuestra América

 

América Latina, precisamente porque es el patio trasero del imperialismo yanqui, se encuentra en el corazón de la crisis mundial. Nuestro continente no ha quedado al margen de la crisis mundial, como se puso de manifiesto en las recesiones de 2008/9; fue rescatada por créditos de emergencia de la Reserva Federal, en particular en los casos de México y Brasil, que nuevamente han entrado en recesión. La crisis ha expuesto una especulación financiera internacional sin precedentes, que los apologistas del capital han confundido con un “crecimiento” que resultaría de sus peculiaridades nacionales. Ha impuesto una mayor mono-producción y un retroceso de la pseudo industrialización. Ha producido una ‘apertura’ unilateral mayor al mercado mundial (minerales y cereales) y un retroceso relativo, por lo tanto, del mercado interior. Las burguesías nacionales han despilfarrado las posibilidades que ofrece la crisis mundial para desenvolver las fuerzas productivas internas, al extremo que el Mercosur ha retrocedido en forma sistemática. Lejos de eso, se ha acentuado la dependencia de América Latina respecto a los estados imperialistas: su destino se encuentra soldado al desenvolvimiento del derrumbe capitalista.

 

Nadie se engaña, sin embargo. Como resultado del avance de la crisis, los levantamientos populares que se extendieron desde comienzos de siglo por el continente, desde Argentina a México, siguen presentes en la conciencia y la organización de los pueblos. La juventud ha sido protagonista en todos los casos, convirtiéndose en un factor fundamental de la situación política latinoamericana. La rebelión contra el ajuste a la educación tiene características internacionales, como lo atestiguan las luchas que han recorrido desde Chile hasta Canadá, pasando por Colombia o Europa. En Chile, las fenomenales movilizaciones estudiantiles desde 2006, y especialmente a partir de 2011 han configurado un ascenso de la lucha y la organización de la juventud que se manifiesta en el debate político y reivindicativo que desarrollará en el próximo Congreso Nacional del Movimiento Estudiantil y los Trabajadores. En Argentina, la juventud revolucionaria ocupa un papel dirigente en en las mayores universidades, resistiendo los ataques de los gobiernos Kirchneristas. En Brasil, la rebelión durante las jornadas de julio de 2013, y durante el mundial en Junio de 2014, pusieron de relieve a una juventud que se pone de pie y se organiza para luchar contra el capitalismo. En 2012, los “indignados” cruzaron el atlántico y protagonizaron un gran movimiento juvenil en México, el Yosoy132.

Movilización estudiantil en Chile, 2012.

Por su parte, el imperialismo insiste en encarar la crisis mundial mediante las guerras de opresión, forzando al mismo tiempo en imponer su control de este patio trasero. En este siglo, las guerras contra Irak, Afganistán, las masacres en Palestina o los bombardeos que actualmente se están perpetrando en Siria, explican la reactivación de la IV Flota estadounidense asentándose en Colombia, así como la instalación de cientos de bases militares en todo el continente, mediante acuerdos con los gobiernos de la región. Es que el imperialismo tiene que asegurarse la 'lealtad' de los gobiernos de la región y la seguridad de los suministros (petróleo). Esta lealtad, tiene su manifestación mas grosera en el envío de tropas por parte de lo gobiernos 'progresistas' para ocupar militarmente Haití desde hace diez años.

 

Llamamos a la juventud latinoamericana a tomar conciencia de esta situación y a prepararse para una gran lucha por la defensa de la independencia nacional. Del mismo modo le advertimos acerca de la cobardía de las burguesías y movimientos nacionalistas, que han capitulado una y otra vez frente a las presiones imperialistas desde el bombardeo a Ecuador por parte del paramilitar Uribe, el monumental fiasco de la OEA y sus gobiernos para reponer al presidente Zelaya en Honduras, hasta la incapacidad histórica frente al golpe en Paraguay que derrocó a Lugo. Los gobiernos nacionalistas o frentepopulistas son incapaces de unir a los pueblos latinoamericanos. Solamente los obreros y los campesinos, o sea los gobiernos de trabajadores lograremos alcanzar el objetivo histórico de la Unidad de América Latina, que será una unidad socialista.

 

Desde La Clase impulsamos la lucha mediante la propaganda, agitación y organización, para concretar la unión socialista de la juventud latinoamericana para luchar contra las bases militares en Colombia y toda América Latina, contra la IV Flota, el levantamiento incondicional del bloqueo a Cuba, la defensa de los pueblos contra los ataques de las oligarquías locales y el imperialismo, y por la unidad de la juventud y la clase obrera por la revolución socialista en nuestros países y la unidad socialista de América Latina.

 

3. Una década de gobierno del Frente amplio

 

El FA llega al gobierno en 2004 después de haber actuado garantizando la permanencia de Batlle como presidente. Tabaré Vázquez y Astori planteaban que “hay que ayudar a Batlle a llegar a las elecciones de 2004” bajo una orientación de “lealtad institucional”. En esta perspectiva, se estranguló lo que hubiera sido una rebelión popular durante 2002. La ebullición social fue apagada. Como afirmó Zabalza “el FA operó para amortiguarla y canalizarla sólo para el plano electoral. Y lo logró. Encarriló la indignación (...) hacia las elecciones de 2004. Ahí cosechó el fruto de su capacidad para controlar a la gente. Estaba por empezar a incendiarse la pradera y vinieron todos los bomberos.” (La Diaria, 2/08/2012).

 

El gobierno del Frente Amplio indica un cambio de etapa, que se distingue claramente de los gobiernos del Partido Colorado o Nacional. El ascenso del FA al gobierno inicia un período de transición, que afecta al conjunto de las clases sociales, a los partidos y el aparato del Estado. Aunque el gobierno de Tabaré primero, y Mujica después, es de neta factura capitalista y una agencia del capital financiero internacional, se distingue de los blancos y colorados que lo precedieron por que instaura en la cúpula un sistema de colaboración de clases.

 

No solamente integran el gobierno partidos históricos de la clase obrera sino que lo mismo ocurre, a todos los fines prácticos, con la central sindical, el PIT-CNT. El FA constituye la mayoría parlamentaria, aunque no reúne los dos tercios. Por mayor que pueda ser la estabilidad de los regímenes de colaboración de clases, constituyen un método excepcional de gobierno en las condiciones del Estado burgués. Reflejan siempre una declinación de la supremacía política de la burguesía, que se ve obligada a recurrir a sus agentes en la clase obrera. Se trata no de un gobierno que representa los intereses populares, sino de un enorme proceso de cooptación de las direcciones de las organizaciones populares.

Tabaré y Bush, 2007.

La crisis mundial y la bancarrota política de la “izquierda” en el gobierno plantean un gran desafío a los jóvenes: la construcción una Organización Socialista de la Juventud. Esta tarea sólo puede ser encarada mediante el desarrollo de un programa y la acción común de la juventud que lucha en los liceos, facultades, en los barrios o en su lugar de trabajo. La experiencia de esta década de gobierno plantea que esta tarea debe llevarse adelante a partir de una independencia política activa: la juventud debe romper con el Frente Amplio y construir una organización política que luche y que forme a la nueva generación sobre la base de la experiencia, la intervención concreta y el estudio. Afirmamos sin dudar, que la lucha contra el capitalismo requiere formación, estudiar, aprender, asimilar la experiencia de las victorias y de las derrotas de las generaciones socialistas que nos precedieron, porque es una lucha que debe desarrollarse sobre la base de un programa y una estrategia.

 

Desde La Clase nos comprometemos a fondo, asumimos este desafío de apostar al desarrollo de una organización de combate de los jóvenes.

 

El capitalismo no le depara a la juventud más que miseria y explotación. El único camino que le garantiza un futuro digno a los jóvenes es el que deben recorrer junto a los trabajadores, poniendo en pie una alternativa obrera y socialista para cumplir su premisa histórica: superar el capitalismo e instaurar una sociedad sin explotados ni explotadores.

 

4. Programa

 

Deuda, Salud y Educación

 

El pago de la deuda externa ha significado una profunda entrega de la riqueza generada en el país a la banca internacional, esta sangría constante fue priorizada por los dos gobiernos del Frente Amplio. A pesar de haber pagado serialmente desde 2005, la deuda no ha hecho más que crecer. Miles de millones de dólares han sido confiscado del bolsillo de los trabajadores. Desde 1970 a 2005 la deuda bruta aumentó de 400 a 13.000 millones de dólares, y desde entonces ha trepado a 30.000 millones de dólares (unos 15 presupuestos educativos). Estamos frente a una deuda claramente usuraria, que aumenta como consecuencia de una constante capitalización de intereses que no se logran pagar. La banca internacional, junto a los capitalistas nacionales han intervenido en este negociado. El saqueo de los recursos y ahorros nacionales adquiere, de este modo, un carácter delictivo.

 

Para proceder a este saqueo, el gobierno ha sumido a la educación y la salud en el derrumbe total. Estas carencias han sido puestas sobre la mesa por los trabajadores que durante 2013 protagonizaron importantes huelgas. El reclamo de un salario mínimo de $25000, el ingreso de personal y la mejora de la infraestructura de liceos, escuelas y hospitales, fue desoído por el gobierno que aplicó medidas represivas propias de la época del Pachecato, como lo fue la ‘esencialidad’ decretada a la Federación de Salud pública.

Huelga docente Junio 2013.

 

El ministro de Economía, Bergara, se ha jactado recientemente en Wall Street del “manejo prudente y profesional del endeudamiento” logrado a partir un cambio “estructural en la estabilidad financiera”. La solidez financiera es un mito. La reducción de la deuda constituye una ficción, pues con el agregado del incremento de deuda en unidades indexadas (a la inflación), por el contrario se ha incrementado -simplemente se la ha 'pateado' para adelante mediante los sucesivos canjes de deuda. Si para algo ha servido, fue para 'estabilizar' las relaciones con los acreedores capitalistas a costa de los trabajadores.

 

Al aumento sostenido de la inflación que encarece la deuda nominada en pesos, se suma la reversión de las condiciones financieras internacionales que viabilizaron el endeudamiento público, cuya contrapartida fue el incremento de las reservas del Banco Central a más de 16.000 millones de dólares. El resultado de este cambio de condiciones lo vemos en Argentina o Venezuela: una potencial cesación de pagos y una crisis de conjunto.

 

Frente a esta perspectiva planteamos el No pago de la deuda externa usuraria; la determinación de los responsables de este negociado, con la compensación correspondiente al pueblo saqueado; y la utilización de ese dinero y el de las reservas del Banco Central para solucionar los problemas de infraestructura de liceos, escuelas, facultades y hospitales de todo el país. Además el ingreso de funcionarios para cubrir los cargos que hagan falta según los reclamos de los respectivos sindicatos. Un salario mínimo igual a la canasta familiar, para docentes y funcionarios. La reconstrucción de un sistema de salud único y estatal bajo la dirección de los trabajadores, para garantizar una salud de calidad al servicio del pueblo trabajador. La eliminación de todos los programas, reformas y convenios con privados que apuntan a la mercantilización y privatización de la educación pública. Por una educación autónoma y cogobernada al servicio de los explotados.

 

La tierra, mega-emprendimientos e industrialización

 

En estos últimos nueve años han proliferado los denominados mega emprendimientos, bajo el aval de todos los partidos con representación parlamentaria. Las grandes plantas de celulosa (Botnia-UPM, Montes del Plata y la proyectada en Tacuarembó), así como el proyecto de Aratiri de mega minería a cielo abierto, las zonas francas, el puerto de aguas profundas y la regasificadora, son los más destacados. Todos ellos comparten un denominador común: están al servicio de la extracción de los recursos naturales de nuestro país para incrementar la ganancia de las grandes empresas multinacionales. Las plantas de celulosa, además de ser altamente contaminantes, están exoneradas de todo tipo de impuestos, inclusive a la exportación. En el caso de Aratirí, las cifras de los impuestos difieren, pero en cualquier caso se trata de un proyecto de extracción (brutalmente contaminante) del hierro en bruto para la exportación a China. Es decir, en todos los casos estos mega emprendimientos no suscitan ningún proceso de valor agregado a esas materias primas, es decir no implican ningún tipo de desarrollo de la industria nacional. Además, este saqueo de nuestros recursos implica un alto costo en materia de medio ambiente, cuyas primeras consecuencias se han comenzado a manifestar en la contaminación de los ríos. En cualquier caso, la crisis mundial de un lado -con la caída de los precios del hierro y otras materias primas- y la movilización popular de otro lado, ha puesto en jaque el proyecto Aratirí. Lo que manifiesta que, en la presente etapa del capitalismo, la burguesía es incapaz de desenvolver ningún proceso industrializador. Ésta pasa a ser una tarea de clase obrera.

 

Estos años han sido también, el del despegue de la acumulación capitalista en el campo, basado en la producción y exportación de soja, carne y madera en manos de unos pocos grandes capitales internacionales, con el desplazamiento de miles de pequeños productores y basado en la superexplotación del proletariado rural.

 

El resultado de todo este proceso ha sido la profundización del carácter semi-colonial de la economía nacional donde Uruguay “esta más cerca de ser barraca que de ser país” como cantaba la murga.

 

Frente a esta realidad partimos de una orientación socialista, que presupone el desenvolvimiento potencial de todas las fuerzas productivas sociales. En este sentido planteamos la defensa de nuestros recursos naturales, la estatización bajo dirección de los trabajadores y las organizaciones populares, de todos los emprendimientos ya instalados en nuestro país, bajo procedimientos que reduzcan y eliminen la contaminación con un plan acorde para la industrialización de esas materias primas. No a la mega minería a cielo abierto, fuera Aratiri. No a la construcción del puerto de aguas profundas en la Paloma. Por un plan de industrialización al servicio de del pueblo laborioso.

 

Un plan de esta naturaleza no puede constituir un planteo aislado. Impulsamos la nacionalización de los monopolios capitalistas, bajo la dirección de los trabajadores, en especial los bancos, el comercio exterior y la gran propiedad agraria. La enorme concentración y extranjerización de la tierra deja planteada la expropiación y socialización de la propiedad en el agro, como vía para desenvolver todas las fuerzas productivas del medio rural.

 

Los monopolios capitalistas son una expresión del agotamiento relativo del desarrollo capitalista (‘libre competencia’), y un método de expropiación económica, por parte del capital monopolizado, contra otros sectores capitalistas o semi-capitalistas más débiles y contra los trabajadores. Una política de nacionalizaciones así entendida, debe ser preparada metódicamente por medio de la apertura de los libros de las grandes empresas y el establecimiento del control de los trabajadores. Lo que importa en las nacionalizaciones es que sean una transición hacia la gestión de la economía por parte de los trabajadores y, por esta vía, a una planificación del desarrollo nacional.

 

Derechos humanos e impunidad

 

En nuestro país los Derechos Humanos continúan siendo pisoteados por parte del Estado. El gobierno ha sido un fuerte defensor de la impunidad, promoviendo el punto final, el mantenimiento de la vergonzosa ley de caducidad, presionando para el traslado de la jueza Mota y finalmente, con la declaración -por parte de la Suprema Corte de Justicia- de inconstitucionalidad de la ley que declaró imprescriptibles los delitos cometidos en la dictadura militar. La designación de Huidobro en el Ministerio de Defensa inmediatamente después de que se pronunciara en contra de la ley de ‘interpretativa’ y a favor de mantener la ley de caducidad ( en el plebiscito 2009) no expresó otra cosa que un pacto con los militares de mantener a salvo su impunidad.

 

¿Por qué el conjunto del régimen político, 40 años después continúa defendiendo a asesinos y torturadores? Es que la defensa de la impunidad es, en última instancia, la defensa del orden social existente, y de aquellos que en el pasado lo defendieron asesinando, torturando y persiguiendo miles de activistas. Es la defensa del aparato represivo que preservó a sangre y fuego el régimen de explotación y de sometimiento nacional.

 

Impulsamos la lucha y movilización para terminar con la impunidad. Por la apertura de todos los archivos de la dictadura que aún permanecen cerrados. Por la anulación de la Ley de impunidad, juicio y castigo a todos los culpables de la dictadura.

 

Seguridad, represión y juventud

 

El gobierno de Mujica ha tomado en este punto la agenda de la derecha. La aprobación del código policial que permite allanamientos sin orden de juez ha suscitado atropellos por parte de la policía a familias trabajadoras. La legalización de las razzias y los megaoperativos que lleva adelante Bonomi ya se ha cobrado cientos de abusos y golpizas a la juventud de los barrios pobres y el reciente caso de gatillo fácil por el cual fue asesinado Segio Lemos en Santa Catalina. La vigencia del código penal basado en el régimen fascista de Mussolini continuó intacto bajo los dos gobiernos frentistas, incluso cuando ha habido militantes procesados por asonada, vilipendio y acusados de sedición, artículos que utilizaba la dictadura para condenar a militantes sindicales y políticos de izquierda.

La aprobación de la ley de faltas, completamente restrictiva, que le otorga un mayor rol a la policía, así como de la ley de internación compulsiva y las reglamentaciones de la Intendencia de Montevideo de ‘limpiar’ con la policía las calles de indigentes no permitiendo que duerman en la vía pública, son parte de una política completamente reaccionaria que parte de una concepción que pretende criminalizar la pobreza.

 

La baja de la edad de imputabilidad que impulsa la derecha blanqui- colorada va en el mismo sentido y debe ser rechazada de plano. Sin embargo, quien no la ha rechazado ha sido el propio gobierno que tomando las premisas de la derecha con el envío al parlamento de un proyecto de Ley para aumentar la pena a los menores.

 

Para terminar con la inseguridad es necesario en primer lugar el desmantelamiento del aparato represivo, y la conformación de organizaciones populares, de derechos humanos y de vecinos de los distintos barrios para organizar la seguridad. El levantamiento del secreto bancario para terminar con el narcotráfico y su principal fuente material, el lavado de dinero. Eliminación de todas las leyes que apuntan a la criminalización de la juventud y de la pobreza. Se trata de modificar de raíz las condiciones sociales en las que viven miles de jóvenes y adultos en nuestro país; terminar con la flexibilización y precarización laboral, con el trabajo en negro y los salarios de miseria. Para acabar con la inseguridad ciudadana es necesario poner fin a esta miseria social que causa el capitalismo y reemplazar el aparato de represión del Estado, que está al servicio de los explotadores, por organizaciones de los trabajadores mismos.

 


 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

Un movimiento estudiantil de lucha

 

La decadencia histórica del régimen social capitalista se expresa en la crisis del sistema educativo en general, y del universitario en particular. La Universidad, como ocurre con cualquier otra institución del sistema, no puede ir más allá de los límites históricos de la clase social dominante. La era de las “reformas universitarias” ha concluido; asistimos a un duro periodo de contrarreformas, casi todas dictadas por el Banco Mundial.

 

Los capitalistas, sus gobiernos y en especial sus académicos declaran que su propósito es unir la educación y la universidad con el trabajo, que a eso responden las propuestas de fragmentación de las carreras, pues facilitan ‘la salida laboral’. Falso. Asistimos a una mayor alienación del trabajo, tanto físico como intelectual. Es el reforzamiento de la explotación del trabajo intelectual y la unión de la descalificación universitaria y el trabajo precario, las pasantías, los contratos basura y el trabajo en negro. El capital habla de unir pero divide, mediante la deserción, de un lado, y la desocupación, del otro. En sus propios términos y bases sociales es incapaz de superar el antagonismo entre el estudio y el trabajo ¡porque desconoce el derecho al uno y al otro! En oposición, tanto a esta disociación como a la unión explotadora del trabajo manual e intelectual; en oposición a la descalificación de los títulos universitarios, a la educación privada (como negocio capitalista); en oposición al oscurantismo intelectual y cultural creciente; planteamos la defensa del derecho a la educación integral y gratuita y al trabajo mediante la unidad obrero-estudiantil. Esta tarea se encuentra unida a la transformación de la educación como parte de la abolición de la explotación capitalista, bajo el gobierno de los trabajadores.

 

Las corrientes políticas de la juventud ligadas al gobierno que actúan en el movimiento estudiantil universitario, han operado sistemáticamente para estrechar sus objetivos, desmovilizarlo y ascender rápidamente como funcionarios en el Estado. La FEUU vive un régimen de crisis permanente “por arriba”, que expresa una lucha de camarillas que nada tienen que ver con las necesidades del estudiantado. Su orientación es la conservación del régimen existente, la defensa de políticas privatizadoras como se puso de manifiesto en la reciente elección del rector de la UDELAR. Las sucesivas crisis de la FEUU ponen de manifiesto la cooptación del movimiento estudiantil por parte del gobierno. Esta realidad sólo puede ser superada mediante un reagrupamiento político independiente de la juventud universitaria .

 

El camino es la movilización independiente de todo el estudiantado para imprimirle a la UDELAR una orientación al servicio de los trabajadores y de la transformación social, por la democratización de la Universidad y del gobierno universitario, contra la política limitacionista de cupos, horarios limitados y pruebas de ingreso; por la ampliación de la plantilla docente y el salario mínimo igual a la canasta familiar, contra todas las tercerizaciones y el trabajo precario y contra todos los convenios con privados.

 

Luchamos por poner en pie un movimiento estudiantil de lucha en toda la enseñanza secundaria y terciaria. Para ello, convocamos a construir agrupaciones estudiantiles combativas e independientes del gobierno de turno, con el objetivo de disputar las conducciones oficialistas en los gremios y centros de estudiantes y desenvolver una educación al servicio del pueblo trabajador.

Independencia de clase y democracia sindical

 

La “redistribución” de los ingresos ha funcionado como un discurso mistificador. En efecto, al tiempo que crecieron de forma histórica las ganancias del capital, se ha acentuado la precariedad laboral. Las condiciones de trabajo que sufren gran parte de los trabajadores de nuestro país están signadas por la precarización laboral, las tercerizaciones (cuyo primer promotor es el Estado), el trabajo en negro y la inseguridad laboral. La cantidad de accidentes laborales donde el trabajador pierde la vida o queda mutilado e incapacitado ha alcanzado cifras escalofriantes. Por otro lado, según las cifras que aporta el Cuesta Duarte más de 800.000 trabajadores ganan un salario menor a $14000, siendo la mayoría jóvenes. Si se tomara este mínimo salarial como un indicador de pobreza, más de un 50% de la fuerza de trabajo se encuentra en esta situación. Los distintos planes sociales -concebidos y financiados por el Banco Mundial- promovidos por el MIDES no son, sino, un poderoso recurso de control social sobre la denominada población 'vulnerable', que apunta a sostener una asistencia social de hambre por tiempo prolongado. Reivindicamos el “trabajo digno para todos” (reparto de las horas de trabajo) y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar.

 

En estos años algunos sindicatos han enfrentado esta situación con grandes luchas, frente a las cuales el gobierno ha utilizado medidas represivas que cercenan el derecho de huelga. El decreto de prohibición de ocupación de los edificios públicos, y las sucesivas declaraciones de esencialidad son decretos reaccionarios que apuntan a quebrar la lucha independiente de los trabajadores. Estas medidas que fueron aplicadas a los municipales en 2010, a los funcionarios de salud pública en 2011 y 2013, y de las que sufrieron amenazas los docentes, los metalúrgicos, los bancarios, no han sido respondidas por parte de las cúpulas del movimiento obrero organizado. El actual secretariado del PIT-CNT no reclama la eliminación de estos decretos reaccionarios. Su orientación ha sido acatar el techo salarial impuesto por el gobierno, que perpetúa las condiciones de trabajo existentes que abarcan a una amplia cantidad de trabajadores. Es la integración de la dirección del PIT-CNT al gobierno lo que viabiliza los salarios de miseria y el ataque a los trabajadores.

 

Para superar este cuadro de situación que golpea especialmente a la juventud, impulsamos la construcción de agrupaciones sindicales combativas, con un programa de defensa de los intereses de los trabajadores, por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, por la eliminación del IRPF a los trabajadores, contra la precarización y las tercerizaciones. Somos defensores de la más profunda democracia sindical, el método de asamblea y debate para la movilización de las bases por sus reivindicaciones. Planteamos un congreso de bases del movimiento obrero para enfrentar el ajuste, la inflación y los tarifazos. Luchamos por la independencia de las organizaciones populares y en especial de los sindicatos respecto al Estado. Por la expulsión de la burocracia sindical y la formación de direcciones clasistas.

 

Doble opresión y organización de la Mujer Trabajadora

 

Desde el comienzo del sistema capitalista, la situación de la mujer trabajadora tiene características propias en tanto integrante de la clase trabajadora. La mujer en el sistema capitalista es explotada y oprimida, tanto por el patrón que compra su fuerza de trabajo, como por el patriarcado imperante en el hogar, es así que la mujer además de ser explotada en el trabajo, debe encargarse de los quehaceres del hogar, “el cuidado de la familia” que garantiza que los trabajadores estén en condiciones, cada día, de volver a ser explotados -la reproducción de la fuerza de trabajo.

 

En Uruguay al igual que en resto del mundo, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo a mitad del siglo XX y su participación cada vez más activa en él, ha llevado a abaratar la mano de obra y por tanto al incremento de la plusvalía y la ganancia capitalista. Ese proceso en la actualidad sigue vigente con otras características. Aun hoy en nuestro país las mujeres que realizan las mismas tareas que hombres en su trabajo, pero reciben salarios aun menores que los percibidos por sus compañeros de clase. Junto a la desigualdad en el trabajo, la opresión se verifica en la violencia del Estado hacia la mujer, no garantizando los derechos educativos, de acceso a la salud, y sexuales y reproductivos.

 

Desde La Clase impulsamos la organización y lucha de las mujeres a igual salario por igual trabajo; por guarderías estatales que permitan la participación de la mujer en el trabajo y en las organizaciones de lucha de los trabajadores y trabajadoras; por una mayor incorporación (paritaria) de la mujer a los ámbitos de decisión colectiva en las organizaciones populares; por garantizar plenamente la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir; luchamos por terminar toda violencia contra la mujer y por la construcción de un gran movimiento de mujeres que se organice de forma independiente del Estado y la Iglesia.

 

La opresión sobre la mujer es imposible de ser modificada en el marco del sistema capitalista. La liberación de la mujer no es un problema meramente “cultural”, que une a todas las mujeres, sin diferencias de clase, y enfrenta a un sexo con el otro. No se puede resolver este problema “cultural” sin tocar la propiedad privada de los medios de producción. No es sexo contra sexo, es clase contra clase. Para la verdadera emancipación femenina es necesaria la emancipación de hombres y mujeres.

 

Impulsamos este programa en la perspectiva de la lucha y organización de hombres y mujeres por la superación del sistema capitalista, por una sociedad sin opresores ni oprimidos. La emancipación de la mujer trabajadora exige enfrentarse al capitalismo y todas sus formas de dominación política.

Encuentro Nacional de Mujeres, Argentina.

 

Las elecciones: un voto consciente

 

En función de este programa, apoyamos al Partido de los Trabajadores en estas elecciones. Apostamos al ingreso de obreros al parlamento para desarrollar una alternativa política de los trabajadores. Señalamos que el objetivo es convertir a los parlamentos en tribuna política. No para co-legislar sino para oponer la legislación de los trabajadores a la legislación capitalista, es decir para educar en los métodos de gobierno de los trabajadores. El voto al Partido de los Trabajadores será una advertencia de la clase obrera a los capitalistas y sus partidos contra las tentativas de descargar la crisis sobre nuestros hombros, será un estímulo poderoso en la lucha contra el ajuste y la creciente inflación.

 

En contraste con la integración cada más profunda de la izquierda frenteamplista al Estado, con claros vínculos con los representantes del capital bancario, sojero o minero, proponemos desenvolver la construcción de una izquierda combativa y socialista.

 

La unidad de la izquierda combativa con el movimiento obrero y la juventud luchadora convertirá a los trabajadores en una fuerza dirigente, el primer paso para cambiar la historia del país y abrir la perspectiva histórica del socialismo en el Uruguay y más allá.

5. Plataforma de reivindicaciones urgentes

 

Para impedir que la crisis no la paguen los trabajadores es necesario poner en práctica un programa de reivindicaciones de forma inmediata. En primer lugar, la nacionalización de la banca y del comercio exterior para reorientar los recursos nacionales en función de un plan de desarrollo nacional de conjunto.

 

Terminar con las exoneraciones fiscales y los subsidios a las grandes empresas, estableciendo un impuesto progresivo al gran capital.

 

El no pago de la deuda externa usurera, destinando ese dinero en educación y salud.

 

Que las reservas del Banco Central se utilicen para la puesta en marcha de un plan de obras públicas en todo el país, solucionando las problemáticas de infraestructura de los barrios obreros y el problema de la vivienda de miles de trabajadores.

 

Para combatir la inflación: apertura de los libros contables de las empresas, aumento del salario mínimo igual a la canasta familiar. Prohibición de los despidos, y control obrero de toda fábrica o lugar de trabajo que suspenda o despida.

 

Abolición de los impuestos al salario (IRPF) y a las jubilaciones; eliminación del IVA; ningún impuesto a la vivienda única del trabajador.

 

Abolición del trabajo precario y en negro; incorporación de todos los trabajadores, en cada empresa y en el Estado, a los convenios colectivos con cláusulas más favorables.

Revocabilidad de todos los funcionarios electos; elegibilidad de todos los directores de empresas públicas; que los parlamentarios no cobren más que la remuneración mayor de un docente.

No a la baja de la edad de imputabilidad.

Por la independencia de los sindicatos del Estado; democracia sindical; fuera la burocracia.

Fuera las fuerzas armadas de Haití.

Por la organización independiente de la juventud.